Redacción: Victor M. Cruz Guerrero
En un giro preocupante, el Senado de la República, dominado por la mayoría de Morena, aprobó este 8 de abril un pronunciamiento para solicitar la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. ¿La razón? El organismo internacional se atrevió a abrir un procedimiento para analizar las más de 124 mil desapariciones en México, como parte del Artículo 34 de la Convención Internacional.
El argumento de los legisladores oficialistas es tan sorprendente como alarmante: las desapariciones forzadas no son responsabilidad del Estado mexicano, según afirmaron. Una postura que desconoce –o decide ignorar– que el Estado es, ante todo, garante de la seguridad de sus ciudadanos, y que su omisión, negligencia o permisividad también lo comprometen.
Incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum desestimó la investigación de la ONU con el argumento de que “la desaparición forzada no existe en México”, porque, según su visión, no hay evidencia de que el gobierno ordene directamente estos crímenes.
Pero ¿de verdad se requiere una orden directa para hablar de responsabilidad estatal? El derecho internacional y el sentido común coinciden en que cuando un Estado permite, tolera o es incapaz de prevenir y sancionar las desapariciones, también es responsable. Más aún, cuando existe colusión o complicidad con actores criminales, como lo han señalado diversas organizaciones y víctimas.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, calificó las acciones del Comité de la ONU como “acusaciones irresponsables” y aseguró que no existe un solo caso de desaparición forzada en el gobierno actual. Pero en un país donde madres buscadoras siguen hallando fosas comunes y donde la cifra de desaparecidos crece año con año, la negación no puede ni debe ser política de Estado.
La postura de Morena revela una profunda incomprensión del papel del Estado en la protección de los derechos humanos. La desaparición forzada no es solo la que comete un agente estatal directamente: es también aquella que ocurre con su consentimiento, omisión o indiferencia.
Negar el problema, rechazar la intervención internacional y pedir la destitución de quienes exigen rendición de cuentas es, en el mejor de los casos, una evasión; y en el peor, una señal de que el gobierno prefiere el blindaje político antes que la justicia.
