La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una fuerte polémica al otorgar amplios poderes a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), toda vez que abre la posibilidad de bloquear plataformas digitales, redes sociales y sitios web, sin orden judicial, ni contrapesos institucionales.
Legisladores de oposición y organizaciones como la International Chamber of Commerce México han advertido que esta propuesta representa un serio riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en el entorno digital, pues podría permitir la censura directa de contenidos críticos hacia el Gobierno. Señalan que la misma agencia que decidirá los criterios de bloqueo será la encargada de ejecutarlos, sin supervisión externa, lo que podría abrir la puerta a abusos.
Aunque la presidenta ha negado que se trate de una medida de censura, el texto actual de la reforma deja ambigüedades preocupantes. En respuesta, a ello, diversos actores han exigido un Parlamento Abierto para discutir la iniciativa con especialistas, académicos y sociedad civil, a fin de garantizar que cualquier ajuste legislativo respete los principios democráticos y los compromisos internacionales de México.
