El aumento de casos en los que la ciudadanía toma justicia por su propia mano refleja una profunda necesidad de respuestas eficaces ante situaciones de violencia o injusticia. Desde la perspectiva criminológico-penal, este fenómeno evidencia una pérdida de confianza en los mecanismos formales de resolución de conflictos, lo cual debe invitar a una reflexión institucional y social.
Cuando las personas actúan como «justicieros», incluso con información limitada o percepciones subjetivas -muchas veces influenciadas por diversos sectores- corren el riesgo de cometer actos que vulneran derechos, reproducen la violencia, calumnias, intrigas y aunado a eso se generan nuevos delitos. Estos hechos, lejos de aportar soluciones, dificultan la convivencia pacífica y desdibujan los principios del Estado de derecho.
Sin embargo, esta forma de actuar rompe con los principios del Estado de derecho, vulnera los derechos fundamentales y, en muchas ocasiones, convierte a las víctimas en victimarios o viceversa. Lo preocupante no es sólo la violencia física o moral, sino la normalización de la agresión, la arbitrariedad y el juicio social sin pruebas ni procesos. La justicia por mano propia no es justicia, es una forma de venganza emocional que reproduce el ciclo del delito.
La justicia por propia mano no es un acto de valentía, sino una señal de que como sociedad debemos fortalecer la confianza en nuestras instituciones. Actuar con violencia, aun con la intención de corregir una injusticia, genera más daño que solución. Es necesario promover una cultura de legalidad, donde cada persona sepa que tiene vías legítimas y efectivas para exigir sus derechos, y donde el respeto al debido proceso sea la base para una convivencia verdaderamente justa.
Es fundamental continuar fortaleciendo nuestras instituciones desde una perspectiva incluyente y humanizada, garantizando el acceso a la justicia, mejorando la atención en los servicios públicos esenciales y fomentando una cultura de legalidad. Pero también es clave promover una verdadera vinculación ciudadana y un acercamiento real con las instituciones, donde los asuntos y problemáticas individuales no sean vistos como un número más, sino tratados con calidez y humanidad. Detrás de cada caso hay una historia que merece ser escuchada y por lo tanto atendida. Solo así se puede construir una sociedad donde la justicia se ejerza conforme a la ley y se respeten los derechos humanos, evitando que la desesperación dé paso a la violencia colectiva.
Esta época nos recuerda a la etapa de la venganza privada, surgida alrededor del 10,000 a.C. en el Neolítico, cuando las sociedades se organizaban en clanes o tribus sin leyes ni instituciones. Retroceder hacia ese modelo, aunque sea mínimamente, sería un grave error.
Uno de los acontecimientos históricos más representativos en torno a la justicia social fue el juicio de Sócrates en Atenas, en el año 399 a.C. Allí, fue juzgado por 501 conciudadanos no por cometer un crimen común, sino por atreverse a ejercer su libertad de expresión a través del cuestionamiento filosófico. Sócrates invitaba a los jóvenes a reflexionar, a poner en duda sus creencias y a buscar la verdad más allá de lo establecido, lo que incomodó al poder político y social de su tiempo.
Otro caso de profunda trascendencia histórica fue la condena popular a Jesucristo, quien fue crucificado tras un juicio influenciado por la presión de una multitud enardecida y manipulada. En un acto supuestamente democrático, el pueblo eligió liberar a Barrabás —acusado de delitos graves— en lugar de Jesús, cuya enseñanza también desafiaba las estructuras de poder y promovía una transformación espiritual y social.
Ambos episodios revelan cómo la “justicia” puede distorsionarse cuando se deja llevar por intereses, miedos o manipulaciones colectivas, y nos recuerdan la importancia de defender la razón, la dignidad humana y los derechos fundamentales por encima del juicio impulsivo de las mayorías.
Cuando la justicia se busca fuera de la ley, se corre el riesgo de perderla por completo.
