En el horizonte democrático de México se asoma una reforma judicial que promete transformar la impartición de justicia a través de un cambio radical: la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Desde la doctrina constitucional, esto implica una ruptura con el principio de que el Poder Judicial es un poder no mayoritario, el cual esta diseñado justamente para proteger los derechos de todas las personas, incluso frente a las mayorías.
Ahora bien, pretender que la solución a la justicia en México radica simplemente en cambiar a las personas que integran el sistema judicial es ignorar que los problemas de fondo son estructurales, no morales. La justicia no se garantiza únicamente con personas honestas —aunque sin duda son necesarias—, sino con instituciones fuertes, reglas claras, procesos confiables y ciudadanía informada. Sin esos pilares, cualquier reforma será solo un acto de fe… o de propaganda.
Esta reflexión nace tras leer una nota reciente sobre la denuncia presentada contra el dirigente estatal del PRD, acusado de promover públicamente a un aspirante al Poder Judicial, algo expresamente prohibido por las reglas que rigen este proceso. Este hecho, lejos de ser anecdótico, revela que incluso antes de que se celebre la elección, ya se están vulnerando principios fundamentales como la equidad y la legalidad.
Por si fuera poco, el financiamiento para las campañas judiciales ha sido limitado. Se han destinado alrededor de 220 mil pesos por aspirante, lo cual, aunque representa un esfuerzo por dotar de recursos públicos al proceso, es todavía insuficiente para garantizar condiciones de verdadera equidad y visibilidad. Para ponerlo en perspectiva: en el proceso electoral de 2024, el tope de campaña establecido por la autoridad electoral para las candidaturas al Senado en Zacatecas fue de 8 millones 813 mil 50 pesos, cifra que fue repartida entre siete candidaturas. Aun con esa aclaración, la diferencia en términos de presencia pública, alcance territorial y capacidad de difusión sigue siendo abismal.
Ante esta circunstancia, la pregunta obligada sería. ¿Cuál será el alcance en términos de cobertura de los candidatos en el territorio con estos recursos lograran que la mayor parte de la ciudadanía conozca a las personas aspirantes, sus trayectorias, propuestas y compromisos? Otra preocupación de mayor calado es la siguiente, nuestro país no se distingue precisamente por su notable fiscalización, toda vez que el dinero público aplicado a la política, en tiempos recientes ha sido fuertemente cuestionado por los propios promotores de esta reforma judicial, habría que hacer la cuenta de cuánto costará este ejercicio, pero independientemente de todos esto el financiamiento suficiente no solo limita la competencia, sino que abre peligrosamente la puerta al financiamiento opaco o indebido, debilitando la legitimidad del proceso.
La democracia sin controles ni instituciones sólidas puede convertirse en un simple juego de fuerzas, donde se impone no quien tiene la razón o la mejor preparación, sino quien tiene los recursos o los respaldos adecuados. Y en ese escenario, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en un botín.
Si realmente se busca justicia expedita y confiable para las y los mexicanos, la respuesta no puede ser únicamente cambiar a las personas. Se requiere fortalecer el Estado de Derecho, blindar la independencia judicial, garantizar condiciones de equidad y construir ciudadanía crítica. Solo así la justicia dejará de ser una promesa postergada.
